Argentina: los menores en el olvido para ser protegidos y en la mira para reprimir


Daniel ScioliLa insistencia por parte del gobernador de la provincia de Buenos Aires en bajar la edad de imputabilidad para los menores, ha sido rechazada desde diferentes sectores sociales y políticos. Daniel Scioli eligió el endurecimiento de los controles y las penas para enfrentar el reclamo por seguridad en la provincia de Buenos Aires. A los límites en los horarios nocturnos de los boliches, el pedido de «mano dura» y la baja de imputabilidad hasta los 14 años, se sumó el proyecto de ley para reflotar las contravenciones que, según el ministro de Seguridad Carlos Stornelli, ayudarán a la Policía a «recuperar la calle». En este sentido, Scioli recordó: «hay un fallo de la Corte Nacional del 3 de diciembre de 2008 que intima al Congreso a sancionar el nuevo régimen de responsabilidad penal juvenil. Hay varios proyectos de todas las bancadas pero se consensuaron en uno solo, que incluye la baja de la imputabilidad a los 14 años».

El mandatario de la provincia de Buenos  Aires dijo que su intención es que sean los delincuentes quienes tengan miedo y no la sociedad. «Es lo que reclaman los sectores más humildes, los trabajadores, los sectores populares. Yo quiero que los delincuentes tengan miedo, no la sociedad. El que las hace las paga o, si no, acá van a pagar los inocentes», sostuvo.

Dirigentes de organizaciones sociales emitieron un documento con duras críticas en contra de esta posición del gobernador bonaerense y de su gestión en relación con la minoridad:

«El Gobernador Daniel Scioli con sus políticas públicas no está nutriendo, abrigando, abrazando a nuestros niños, que son los modos de ejercer el amor y la esperanza. Por el contrario su única y publicitada acción de gobierno es penalizar a los niños más niños a través de bajar la edad de imputabilidad. Como si nuestros hijos fuesen los responsables de la pobreza, del hambre inexplicable, del desempleo, de la degradación de la escuela pública, del desmantelamiento de nuestros hospitales. Pero domicilian a nuestros niños, con obstinación furiosa, en los fríos y duros artículos del Código Penal, colocando la alegría de nuestros pibes en vías de extinción».

Deviene entonces explicable, pero perverso, no pagar las becas, ni los subsidios, a más de doscientos mil niños y niñas que se encuentran en Organizaciones Sociales como Hogares, Casas del Niño, Jardines Maternales, Centros de Día, Centros Juveniles, Centros de Atención Integral y se los condena a habitar el país del desamparo.

Nuestras Organizaciones, sin otro propósito que la dignidad de la condición humana, intiman al señor Gobernador a abonar las sumas adeudadas y cumplir los compromisos adquiridos, dentro de 10 días.

De lo contrario miles y miles de pibes y educadores, rabiosos de ternura, marcharemos a encontrarnos con su mirada a la Casa de Gobierno “por la sangre unánime de los que luchan por la vida”.

Ni seguridad ni desarrollo

Lo dicho por las entidades que repudiaron las declaraciones de Scioli, viene a cuento de la política presupuestaria y el manejo de fondos que ha realizado el gobierno bonaerense en relación al asunto. Sucede que tras una serie de delitos que tomaron estado público a través de los medios de comunicación, se supo que el Ministerio de Desarrollo bonaerense no utilizó el dinero destinado a centros ambulatorios para menores y el Ministerio de Seguridad no invirtió en equipamiento para la Policía, según se desprende de una investigación realizada por el matutino Crítica de la Argentina. Según ese reportaje, el Ministerio de Desarrollo Social bonaerense gastó sólo el 3% del presupuesto destinado a los 18 centros ambulatorios, llamados de “Referencia”, que reciben a menores en conflicto con la ley penal y el 9% de lo asignado a 25 centros que alojan chicos, conocidos como de “Recepción y derivación”. Así lo muestra un relevamiento realizado en base a datos suministrados por la administración provincial, con datos de hasta el 31 de agosto de este año. La cartera, además, sólo destina el 2% de su presupuesto de 47 millones de pesos, para financiar el funcionamiento del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil que controla a esos centros.

Las cifras fueron denunciadas en un informe parlamentario que detalla cómo el gobierno bonaerense subejecutó partidas presupuestarias de programas destinados a los menores en conflicto con la ley penal y a la compra de equipos de seguridad.

De acuerdo con el informe realizado por el diputado provincial Ramiro Tagliaferro, el 8% del presupuesto total de la provincia ($2.246 millones) se asigna al Ministerio de Desarrollo Social. Para programas específicos de Niñez y Adolescencia se destina sólo el 12% del presupuesto de esta cartera (275 millones de pesos). La Dirección Provincial de Coordinación del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil tiene asignados sólo $47 millones, equivalentes al 2% del presupuesto ministerial. Al 31 de agosto, el ítem “Centros de Referencia” muestra una inversión de sólo el 3%, mientras que los centros de Recepción y Derivación evidencian un ejecutado menor al 10 por ciento. En programas fundamentales como los Centros de Contención se destina el 19% de los recursos correspondientes a la Dirección Provincial, alcanzando apenas los 9 millones de pesos.

“Vamos a pagar los compromisos asumidos por gestiones anteriores, hasta que podamos organizar nuestro esquema presupuestario”, aseguró el ministro Baldomero Álvarez de Olivera. También se refirió al informe parlamentario aseverando que: “No se puede analizar la problemática de la minoridad sólo desde la perspectiva del régimen penal juvenil, hay muchos otros aspectos. Nosotros no queremos que los chicos lleguen a esas instancias, y por eso implementamos otro tipo de programas que propenden a una real inclusión social para lograr que los chicos no cometan delitos”.

También se refirió al tema Omar Giuliani, responsable del hogar Ruca Hueney que aloja menores en conflicto con la ley penal, “el presupuesto no está disociado de la realidad de la provincia de Buenos Aires, donde el Estado se ha desentendido del rol preventivo y proyecta instancias de represión para con los pibes. Desde el gobierno se alienta a que a los chicos, en vez de amarlos, les temamos, en vez de protegerlos, nos protejamos nosotros de ellos”.

“Los institutos están saturados. Los menores quedan en las alcaidías porque no hay plazas”, afirmó Carlos Lami al mismo diario el presidente del Colegio de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires. “En la provincia se habla irónicamente del plan canje, porque se libera a un chico para que ingrese otro que cometió un delito más grave”, señaló el abogado.

Meter bala, una consigna que se repite.

En declaraciones al canal de noticias TN, el gobernador Scioli manifestó que es necesario que la policía “tenga la total determinación de enfrentarse con los delincuentes y abatirlos cuando las circunstancias sean de estas características”, refiriéndose al asalto sufrido por el ex futbolista Fernando Cáceres. Resonó de inmediato el eco de la consigna del ex gobernador de Buenos Aires, Carlos Ruckauf. Entre 1999 y 2001 la política de seguridad de Ruckauf se resolvió con una orden a las fuerzas de seguridad: “meta bala a los delincuentes”. A los delincuentes, por su parte, les deseó que “se pudran con sus manos agarradas a las rejas oxidadas de la cárcel.”

Si así de simple fuese la solución, no estaríamos hablando de ésto, ni habría niños en riesgo de ingresar al semillero de la futura delincuencia. Probar con ejecutar las partidas correspondientes quizás sea un camino adecuado. Ojalá un asesor lo sugiera en alguna reunión de gabinete.

Fuentes: Crítica de la Argentina
CTA Provincia de Buenos Aires

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Gustavo Ernesto Carrizo

Experto en Implementación de Proyectos de e-Learning (Universidad Tecnológica Nacional), se desempeña como asesor en temas relacionados con Internet y desarrolla y administra distintos sitios web institucionales.

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