El presidente de El Salvador vetó un decreto que obligaba a leer la Biblia en las escuelas



Mauricio Funes frena polémico decreto

Una norma que ha dividido a las fuerzas políticas y las confesiones religiosas en el Salvador, terminó siendo vetada por el presidente salvadoreño. Mauricio Funes, en nota oficial enviada este martes al Congreso de su país, expresa que:  “Hago uso que la potestad que la Constitución de la República me concede en sus artículos 137 inciso primero y 138, vetando, por ser inconstitucional, el decreto legislativo número 411 de fecha uno de julio del presente año”.

El decreto legislativo ordenaba hacer una lectura diaria de siete minutos de la Biblia antes del inicio de clases en las escuelas. La primera objeción partió de la jerarquía católica, en la persona de los obispos, quienes pidieron al mandatario que lo vetara. La Conferencia Episcopal dijo reconocer “las buenas intenciones”  de los diputados que promulgaron el decreto, pero advirtió que “lamentablemente la sola lectura bíblica sin la debida explicación y en un ambiente carente de fe no forma valores como se pretende” . José Luis Escobar, arzobispo de San Salvador, llego a amenazar con la posibilidad de una «lucha religiosa» si el decreto era implementado.

Por su parte, gran número de pastores evangélicos había recibido la propuesta de buen grado, pero en los últimos días muchos otros levantaron su voz en contra de la misma, pues sostienen, como en el caso del Pastor Carlos Rivas,  que «Leer la Biblia en las escuelas es un acto en el que estoy de acuerdo, pero no por decreto y menos al libre albedrío en su enseñanza; ahí es donde la medida se vuelve conflictiva, nos enfrenta a todos y vuelve una solución en un problema, casi una torre de Babel, donde todos hablan diferente en torno a un libro común: La Biblia».

La moción del polémico decreto había sido presentada por el Partido de Conciliación Nacional (PCN) , a través del diputado, Antonio Almendáriz, reconocido evangélico salvadoreño.

El PCN había defendido la medida en un comunicado en el que señalaba que la lectura bíblica  «con carácter obligatorio en escuelas y colegios» busca «aliviar la violencia y la inseguridad pública, así como una acción concreta en la formación de la moral de niños y jóvenes que asisten a las aulas».

Explicaba que la normativa denominada «Ley para Autorizar la Lectura de la Biblia en el Sistema Educativo», instruye la lectura de pasajes bíblicos diarios por siete minutos «sin entrar en comentarios religiosos, sectarios, ni de ninguna denominación».

Además, «si el padre de familia no estuviere de acuerdo en que su hijo participe en las lecturas, deberá hacerlo saber por escrito para eximir al alumno de su participación, sin ninguna consecuencia en su contra».

Violencia, educación, política y religión

Tanto el decreto como el veto presidencial han dividido transversalmente la opinión de católicos y evangélicos, quienes han desviado el foco de atención de lo que se intentaba combatir, que es la violencia endémica que golpea al Salvador, especialmente entre los jóvenes,  y se han focalizado en una cuestión que es otro motivo de intenso debate social, que es la retracción de la Iglesia Católica en la influencia que siempre tuvo en ámbitos políticos y sociales del país y la aparición de nuevos actores religiosos que ascienden políticamente de la mano de los cada vez más numerosos miembros de otras confesiones.  Según una encuesta nacional realizada por la Universidad Centro Americana (UCA), el número de salvadoreños que profesa la fe cristiana evangélica casi se duplicó en 11 años, al pasar del 20,6% al 38,2% de la población, mientras que el porcentaje de católicos se redujo del 55,2% al 50,4% en el mismo periodo.  Además, ese sondeo reveló que un 52,1% de los salvadoreños opina que las iglesias no deben involucrarse como parte beligerante en conflictos de tipo social o político en el país, mientras que el 45,5% considera que las iglesias sí deben participar en estos asuntos. Los encuestados también se mostraron divididos casi al cincuenta por ciento al ser consultados sobre si las iglesias deberían tener alguna vinculación política, pues mientras un 45,6% lo consideró apropiado, un 46,6% no estaba de acuerdo con esa posibilidad.

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